Correa, llamado a dar versión en caso 30S

El caso de asesinato de Froilán Jiménez, comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), se reactiva. Al menos 30 personas han sido citadas a dar versión por su muerte, ocurrida el 30 de septiembre de 2010 durante la evacuación del expresidente Rafael Correa, quien se había atrincherado en el Hospital de la Policía, en medio de la revuelta policial.

Correa encabeza la lista de convocados para el 4 de septiembre de 2019, a las 09:00. Su abogado, Fausto Jarrín, señala que en este caso se pedirá el mismo procedimiento que se requirió en el de Sobornos 2012-2016 para que su cliente rinda su versión: que la notificación se haga a través de canales diplomáticos y de la Cancillería y Fiscalía de Bélgica. Jarrín no ha recibido notificación, pero cree que es porque se envió directamente al exmandatario.

En este caso fueron investigados dos militares sospechosos de ejecución extrajudicial. En marzo pasado, durante la audiencia preparatoria de juicio en contra de los dos uniformados, la jueza Ximena Rodríguez declaró la nulidad del proceso por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación a cargo del exfiscal Fabián Salazar.

Entre otras cosas, la jueza llamó la atención al exfuncionario porque emitió un impulso fiscal en el que señaló que se inhibe de seguir tramitando el expediente por existir personas con fuero a las que nunca individualizó. Los militares apelaron la resolución y la sala penal de la Corte de Pichincha reformó el auto de nulidad y lo declaró “a partir del impulso fiscal No.3 (inclusive), desde hojas 3.853 del expediente de Fiscalía”.

Además de la de Correa, se recibirán las versiones del exministro de DefensaJavier Ponce, del exministro de Gobierno Gustavo Jalkh, del excanciller Ricardo Patiño; también de un excomandante de la Policía y exautoridades militares, así como de la Asamblea y de cercanos al exmandatario. Asimismo, se receptarán los testimonios de los coroneles Rolando Tapia y César Carrión, quien desconoce por qué ha sido convocado.

El mes pasado, durante la audiencia de apelación, la defensa de los militares procesados recordó al tribunal que el 5 de septiembre de 2018 inició el proceso penal por ejecución extrajudicial y, posteriormente, se reformularon cargos por asesinato. Indicó que Fiscalía se abstuvo de acusar a los procesados y que el dictamen fue revocado por el fiscal superior y se llegó a la audiencia preparatoria de juicio.

En esa diligencia el exfiscal Salazar pidió “la nulidad de sus propias actuaciones” y la jueza declaró “la nulidad desde el 20 de septiembre de 2018, es decir, a los 15 días de iniciada la instrucción”. Contó que eso obedeció a que en el impulso, el fiscal había decidido remitir el proceso al fiscal general del Estado para realizar nuevas vinculaciones a personas con fuero.

Informó a los jueces además que desde que el proceso se envió a la Fiscalía General, entonces a cargo de Paúl Pérez, desapareció por 20 días en los que los abogados no pudieron acceder al trámite de la causa. Dio a conocer al tribunal que él jamás pidió la vinculación, no se ejerció acción penal en contra de quienes gozarían de fuero. La defensa solicitó que se revoque la nulidad para que se realice la audiencia preparatoria de juicio. Situación que la Corte de Pichincha no aceptó.

Nicolás Salas, uno de los defensores de los militares procesados, dijo que por su parte está muy bien que la Fiscalía investigue sin apuros ni presiones de ningún tipo. “El proceso está en un momento en el que la investigación no está dirigida contra nadie en específico y eso es bueno porque el fin es descubrir quién mató aFroilán Jiménez”, recalcó.

Según Salas, la nulidad que se declaró, además de servir para corregir el proceso, “reveló que nuestros clientes no tuvieron nada que ver con la muerte de Froilán Jiménez”. (I) Expreso

SUS COMENTARIOS SON IMPORTANTES

comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *