‘Hackers’ obtuvieron 3 millones por emitir licencias y puntos

Actualidad.- Desde casas particulares se emitieron  15 mil 970 licencias de conducción, se aumentaron 26 mil 802 puntos y se borraron 14 mil 583 infracciones. La Fiscalía de Delitos Informáticos está detrás de la red delictiva que ‘hackeó’ el software de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y realizó estas operaciones fraudulentas.

La denuncia que presentó la institución indica que entre diciembre del 2017 y enero pasado, la banda recibió 3 millones por la venta de documentos ilegales y por modificar el historial de conducción. Por una licencia cobraba entre 250 y 4 mil 000 dólares. Por los demás servicios ilícitos exigía entre 100 y  5 mil 000 dólares, según investigadores.

La oferta se hacía a través de Facebook, Twitter, en páginas de comercio electrónico y mediante ‘tramitadores’, quienes atraían a los conductores afuera de las agencias de tránsito y de las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los tramitadores ofrecían un servicio personalizado e incluso prometían entregar los documentos de manejo aunque el interesado haya reprobado las pruebas de conducción y el examen teórico.

La Agencia Nacional de Tránsito adjuntó en su denuncia a la Fiscalía los resultados de una auditoría interna. Allí se detalla que los ‘hackers’ vulneraron cuatro herramientas informáticas: gestión de ­licencias, gestión de infrac­ciones, matriculación vehicular y emisión de certificados.

Para acceder a cada una, la organización empleaba usuarios y claves obtenidas de forma ilegal. También se registraron accesos con programas no autorizados y operaciones fuera de los horarios de trabajo, incluso desde el exterior. Por ejemplo, un funcionario que labora en Quito entregó licencias de conducir en Santo Domingo de los Tsáchilas durante su jornada de trabajo.

También se identificó que se eliminaron infracciones de tránsito a las 03:00 de un domingo o las 23:00 de un lunes. Pablo Calle, director de la ANT, califica de “frágil” e “insuficientes” las seguridades que tenía el sistema. Dice que ya se han corregido las fallas. Pese a esto, solicitó a la Contraloría que audite cómo se adquirió y gestionó el ‘software’ durante las anteriores administraciones.

Entre las fallas que la auditoría reveló está la falta de una opción en el sistema que permita hacer el seguimiento a todos los documentos que se emiten y las operaciones que se realizan. Los auditores incluso hallaron que el antivirus estaba desactualizado. Por eso se presume que los ‘hackers’ infectaron el sistema con programas especiales que sirven para copiar las claves de los servidores, aunque Calle no descarta que existan funcionarios involucrados.

En la auditoría de la ANT también se identificó con nombre y apellido a los beneficiarios de los documentos falsificados. Y desde la semana pasada se inició la desactivación de los puntos e infracciones borradas. En el caso de las licencias falsas, la matriz envió los datos de los portadores a los municipios donde se entregaron, con el fin de inhabilitarlas.

Además, los agentes civiles de Tránsito harán controles en terminales para identificar a los choferes que portan los permisos adulterados. Esto se hará porque se detectó que la organización delictiva entregó 636 permisos a conductores de buses de pasajeros sin que ellos hayan pasado las pruebas o comprobado que son aptos para manejar.

El domingo 25 de marzo del 2018, la ANT anunció que evaluará a 28 000 conductores de transporte público y reforzará los controles en las terminales de pasajeros. Esta­ medida la tomó tras el volcamiento de un bus en Jipijapa, Manabí, donde murieron 13 personas. En la evaluación también se detectará a los que pagaron por una licencia. Calle habla de la “corresponsabilidad” de quienes buscaron los servicios ilegales.

“Para que exista un funcionario corrupto o banda que haga esto debe existir alguien que le compre su servicio”, dice. El funcionario aclara que si bien los beneficiarios ya han sido identificados, “a la Fiscalía le corresponde presentar cargos y pedir que se apliquen las sanciones legales”. (I)

Fuente: El Comercio 

 

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