Presidenta del CNE debe responder a la Asamblea por 4 temas

Desde este martes 7 de enero del 2019 empezaron a correr los 15 días de plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el proceso de juicio político que afronta la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en la Asamblea.

La meta de la Comisión de Fiscalización es aprobar un informe hasta el 27 de enero. De ello dependerá si el caso se archiva o va al Pleno para el debate de una posible censura y destitución de la funcionaria. Para este jueves 9 de enero serán convocados Fernando Flores y Jeannine Cruz, asambleístas de Creo, quienes impulsan este proceso con 44 firmas de respaldo, entre ellas la del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP).

Las acusaciones giran sobre cuatro temas: una supuesta negligencia en la organización de los pasados comicios en Los Ríos, incumplimiento del reglamento sobre auditoría electoral, demoras en una respuesta al pedido de consulta popular de Yasunidos y una posible inacción en un caso de tráfico de influencias.

Atamaint tendrá 15 días para defenderse, después de que la Comisión calificara este martes la solicitud. Su equipo de prensa indicó que estaba a la espera de una notificación antes de pronunciarse. Sin embargo, en distintas declaraciones a la prensa, ella ha dicho que se trata de acusaciones rebatibles.

“Los temas del juicio político son muy fácilmente desvirtuables, tienen que ver con mis competencias, con mis roles y yo estaré allí cuantas veces sea necesario”, manifestó Atamaint. En el inicio del proceso hubo unanimidad en la Comisión de Fiscalización. Al menos, entre los nueve de los 13 integrantes que ayer participaron de la sesión.

Sin embargo, al momento de avocar conocimiento no estuvieron ni el vicepresidente de la mesa, Eliseo Azuero, de BIN, ni Silvia Vera, de Creo. Tampoco los oficialistas Daniel Mendoza y Michel Doumet. La correísta Carmen Rivadeneira consideró que el caso ha cumplido con las formalidades, aunque el coordinador de este bloque, Cristóbal Lloret, opinó que el pedido de interpelación “no está bien sustentado”.

En la sesión se estableció, además, un cronograma de comparecencias. El lunes próximo (13 de enero) deberán acudir Pedro Bermeo, del colectivo Yasunidos, el experto informático Néstor Marroquí y Joffre Mendoza, excandidato a prefecto de Los Ríos por Creo. También serán llamados el resto de integrantes del CNE. Así como Arturo Cabrera y Ángel Torres, presidente y vicepresidente del TCE.

Dentro de la Comisión surgieron discrepancias cuando la oficialista Karina Arteaga pidió que también se pida la comparecencia del director de la delegación electoral de Manabí, en donde dijo que se dieron problemas similares a los que hubo en Los Ríos en los pasados comicios.

La presidenta de la mesa, Johana Cedeño (AP), señaló que eso no constaba en el anuncio de la prueba de los asambleístas interpelantes. En tanto que Luis Pachala, coordinador de Creo, pidió que se hagan las gestiones para que rinda su testimonio Luis Loyo, exdirector de procesos electorales, quien afronta una condena por tráfico de influencias.

Si la Comisión recomienda que el caso vaya al Pleno, la continuidad de Atamaint en el cargo dependerá de las dos terceras partes de la Asamblea, es decir, de 91 votos. La coalición parlamentaria que integra a Creo con Alianza País (AP) y los bloques de Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática Independiente (BADI) reúne a 78 legisladores. Por lo que Lloret cree que será clave la decisión que tome el bloque de los 29 asambleístas del correísmo. Los 16 de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) no dieron sus firmas.

Cristina Reyes,  dijo que uno de los riesgos de estos procesos es que no haya los votos para la censura como ocurrió en mayo pasado con el caso de la excanciller María Fernanda Espinosa. Atamaint ya afrontó una investigación el año pasado cuando debió acudir a la Comisión para rendir explicaciones sobre la inscripción de la candidatura del cura José Tuárez. (I) El Comercio

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